Preocupación por el derrame de 20 mil litros de hidrocarburos en el Golfo Nuevo

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El derrame de hidrocarburos en la costa madrynense pone en riesgo la industria del turismo de la ciudad, afectando la imagen de Península Valdés como Patrimonio Natural de la Humanidad, y esto es como resultado de una serie de hechos que eran perfectamente evitables.

La intervención de Alpesca por parte del Gobierno Provincial le ha costado hasta el momento no menos de 90 millones de pesos al bolsillo de los contribuyentes, y los resultados son nulos. La flota pesquera de la emblemática pesquera está destruida, literalmente. Y no fue producto de la casualidad, ni de un temporal de viento, ni del oleaje de las mansas aguas del Golfo Nuevo, sino que es el resultado directo del accionar de los funcionarios que idearon la ocupación temporal de una empresa privada y le asumieron al Estado la responsabilidad de custodia de los bienes incautados, sin que mediara sentencia firme de expropiación.

Un comité de administración estatal irrumpió en Alpesca el 26 de febrero de 2014 para tomar el control de una propiedad privada y sus bienes, llegaron con el Decreto 180/14 del Poder Ejecutivo en mano. En su Artículo 4° se estableció quienes lo compondrían, indicando que sería presidido por Héctor Ornar Albornoz (DNI N° 14.048.038) e integrado por los Licenciados Santiago Novoa (DNI N° 32.777.602) y Valentín Laborda (DNI N° 32.801.259). Quedó allí establecido que el “Comité estará a cargo de la administración de los bienes por el término de perdurabilidad de la medida, la que estará bajo el control y dependerá jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos que conduce Gabriela Dufour.

Taxativamente el decreto en cuestión refiere en su artículo 7º que “el Comité de Administración estará facultado para llevar adelante todos los actos del giro ordinario de la unidad productiva, así como los necesarios para garantizar la debida conservación de los bienes ocupados, todo ello a los efectos de la efectiva concreción del objetivo de este Decreto. En virtud de ello, el Comité de Intervención, por ejemplo, podrá realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”.

Esa “debida conservación” no fue tal. Los barcos carecían de cabos en condiciones y a pesar que los trabajadores y marineros del SOMU se lo advirtieron reiteradamente al Gobierno, el 7 de abril del año pasado ocurrió el desastre que terminó con la flota de Alpesca diezmada. Los barcos tirados en la costa y el muelle roto.

De aquel momento pasó más de un año, y las severísimas advertencias de los trabajadores siguieron sin ser escuchadas y ocurrió lo previsible: uno de los barcos tras meses golpeándose en la costa tuvo una rajadura en el casco, se inundó la sala de máquinas y terminó escorándose por completo. Todo el combustible, aceites y sentinas están hoy esparcidas por el golfo.

Adrizar ese buque y ponerlo en situación de flotabilidad y posteriormente ingresarlo a dique para su reparación, ahora con el motor y todo el interior destruido, demandará una inversión millonaria. ¿Quién la pagará? El Estado Provincial porque sigue plenamente vigente el Decreto 180/14 que determinó la ocupación y custodia de los bienes de una empresa privada, aun sin expropiar.

Administración fraudulenta

Con todo, hoy a las 9 será la audiencia donde se definirá si van a juicio oral y público la ministra de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, y los integrantes del Comité de Intervención de Alpesca, Héctor Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda.

Los funcionarios están acusados por presunta “administración fraudulenta” en la preservación de los barcos de Alpesca. La causa surgió a partir de la denuncia realizada por el diputado Jerónimo García, de Chubut Somos Todos.
Los fiscales acusan por “administración fraudulenta” y sostienen que el Comité de Administración estaba notificado que las embarcaciones de Alpesca estaban a merced de las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal que ocurrió el 7 de abril de año pasado y provocó que los buques se soltaran del muelle y quedaran varados en la playa hasta la fecha.

“Los imputados estaban designados como cuidadores de los bienes y por su conducta se produjeron daños a la flota de Alpesca. Estaban en cabal conocimiento de los riesgos que corrían los buques y, pudiendo hacerlo, no tomaron conductas para evitar esta situación. Los buques terminaran tirados en la playa y a la fecha no se encuentran en condiciones de navegabilidad” afirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Día clave

La audiencia comenzará a las 9 horas en la Sala 3 de Tribunales y estará presidida por el juez penal Marcelo Orlando. La instancia judicial se denomina “audiencia preliminar” y es la etapa donde se discute la calificación legal y las pruebas para determinar si el caso va a juicio oral y público.

Los imputados Dufour, Albornoz, Novoa y Laborda serán representados por el abogado particular Fabián Gabalachis, mientras que la postura fiscal estará representada por Jorge Bugueño.

Acusación

Los fiscales acusan a los funcionarios de ser responsables, en calidad de administradores de los bienes de la empresa, de no haber implementado las medidas mínimas de seguridad correspondiente para evitar que los barcos soltaran sus amarras en el muelle Almirante Storni y sufrieran averías producto de golpes.

En marzo de 2014 fueron notificados que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento: carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones. En ese contexto, el 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa, sostuvieron desde el Ministerio Público en su escrito para elevar el caso a juicio.

La acusación incluye las citaciones a prestar declaración testimonial a 31 testigos del caso, entre los que figura el gobernador Martín Buzzi, funcionarios provinciales, personal jerárquico de la empresa Alpesca, oficiales de Prefectura Naval y el denunciante, Jerónimo García.

Consecuencias

Un informe pericial señala que las pérdidas económicas ocasionadas por los daños de los cinco barcos asciende a más cinco millones de dólares, más 800 mil pesos que le costó a la Administración Portuaria preservar los barcos y reparar el muelle.

Según el decreto de ocupación, debían “realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”.

El Comité está a cargo de la administración de los bienes, barcos Cabo San Sebastián, Cabo Vírgenes, Cabo Buena Esperanza, Bahía Dos Bahías, Promarsa I, II y III.

Fuente: Diario de Madryn

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