Los diputados provinciales del Frente para la Victoria Alejandra Marcilla, Gabriela Dufour y Blas Meza Evans presentaron una denuncia penal en la Fiscalía de Rawson contra dos funcionarios provinciales: Diego Correa, subsecretario de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de la Familia.

Concretamente, los legisladores del FpV los acusan del delito de administración fraudulenta en la compra de bienes y pago de servicios vinculados a la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

Según la denuncia, todo comenzó la semana pasada con la aparición de un sobre dirigido a los tres legisladores que fue dejado en unas escaleras internas de la Legislatura de Chubut. El hecho mereció la intervención de la Policía ante la denuncia de una amenaza de bomba que, finalmente, no era cierta.

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Expedientes

Tras las actuaciones de la Policía del Chubut, el sobre de grandes dimensiones fue entregado a sus destinatarios, y dentro de él había copias de decenas de expedientes que comprobarían irregularidades en la compra de elementos y pago de servicios afectados a la emergencia climática de la ciudad petrolera.

Según consta en la denuncia, el sobre en cuestión consignaba que el mismo era remitido por el Tribunal de Cuentas y contenía numerosas fotocopias de actuaciones administrativas. El grueso de las fotocopias corresponde a distintos expedientes realizados en el marco del Decreto 353/17 de Declaración de Emergencia.

“Una vez realizado un primer análisis de la documentación, pudimos comprobar que existía la intención de poner en manos de los diputados, a los que iba dirigido el sobre, la prueba de compras irregulares constitutivas del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, escribieron los diputados en la denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal.

“Si bien es cierto que las declaraciones de emergencia posibilitan la realización de contrataciones rápidas y sin los controles propios de los procedimientos habituales de la administración pública, no implica que se pueda hacer cualquier cosa y mucho menos defraudar al Estado”, agregan.

“Absurdo”

Según los denunciantes, las compras de bienes se realizaron todas en la zona de Trelew, Rawson y Puerto Madryn: “Resulta absurdo y antieconómico que las compras se efectúen a 380 kilómetros del lugar de la catástrofe cuando se trata de bienes que sin duda se podían adquirir en la ciudad sureña afectada por el temporal”, sugieren los denunciantes.

En la documentación se demostraría la existencia de sobreprecios en la compra de elementos, así como también que la calidad de los comercios donde se efectuaron algunas de las compras carecerían de las condiciones para proveer los bienes comprados. “Existen facturaciones emitidas por comercios inexistentes o con domicilios que no concuerdan con los registros de las facturas”, aseguran los diputados denunciantes.

Proveedor

La documentación presentada en la Justicia contiene la factura y el remito de agua envasada y la autorización de pago requerida por Suárez y autorizada por Correa. “El caso más escandaloso de sobreprecio es la compra de 1.500 botellas de agua mineral Villavicencio de un litro y medio a $ 38,50 la botella. El proveedor es el kiosko Emanuel de la ciudad de Trelew, quien emitió la factura N°. 0002- 0000329 de fecha 4 de abril de 2017 por la suma de $ 57.750 correspondiente a la compra de estas botellas”, dice la denuncia.

“Contemporáneamente, los mismos funcionarios compran la misma calidad de agua, es decir botellas de agua mineral de un litro y medio marca Villavicencio en el mayorista Don León a $ 18 y en Friosur a $ 19,85”, agregan. “No hace falta destacar que resulta altamente sospechoso que un kiosko de pequeñas dimensiones tenga un stock de 1.500 botellas de un litro y medio de agua mineral”.

Vinculado a la compra de agua la denuncia también incluye documentación sobre una adquisición a la distribuidora Andina S.A., con domicilio en Urquiza al 2.000 de Trelew. Se trata de 7.500 bidones de agua de 5 litros a $ 90 cada uno.

“Aquí también existe un sobreprecio notable, ya que en forma simultánea los mismos funcionarios compran bidones de 8 litros a la firma Don Tulio de la ciudad de Rawson por la suma de $ 40 cada bidón”, agrega la denuncia.

Pero eso no es todo: un colaborador del bloque del FpV constató el domicilio de la Distribuidora en Urquiza 2.112. Se encuentra con una casa de familia y comprueba que la citada distribuidora no existe en ese lugar.

La denuncia es más extensa e incluye también compras presuntamente irregulares de colchones, además de una curiosidad: fardos de pasto para las familias afectadas por el temporal.

Entre los colchones comprados figura una factura de una empresa denominada FEL – PA SRL, con domicilio en Mitre 61 de Trelew. Le vendió al Gobierno 100 colchones de 1 plaza a $ 2.800 cada uno. Según los denunciantes, ese mismo colchón estaba el 31 de agosto pasado a $ 1.690 en un supermercado de Trelew.

El caso de FEL – PA es similar al de la distribuidora de agua: en la dirección que figura en la factura sólo existe un portón con una vieja leyenda proselitista de Mario Das Neves y Máximo Pérez Catán.

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